Los diputados salteños aprobaron la prórroga de la Emergencia Sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, en respuesta a las condiciones de vulnerabilidad persistentes en estas zonas. La medida, impulsada por el Ejecutivo provincial, fue respaldada por legisladores que señalaron la importancia de reforzar la asistencia estatal ante las dificultades económicas y climáticas que afectan a estas comunidades.

El proyecto tratado por los legisladores provinciales busca asegurar la continuidad en la provisión de alimentos y la capacitación del personal sanitario, beneficiando a más de 16.240 personas que dependen de los merenderos y comedores comunitarios, tanto en áreas urbanas como rurales. Sin embargo, las autoridades provinciales han advertido que la falta de apoyo desde Nación, especialmente la ausencia de convenios firmados para programas como “Argentina contra el Hambre,” está generando un impacto negativo en las comunidades.

Además de los problemas de alimentación, los señalaron que la situación sanitaria en el norte salteño se agrava por enfermedades como la leishmaniasis y el dengue. En este contexto, se criticó la distribución desigual de vacunas entre provincias, lo que deja a Salta con menos dosis en relación con su población. La extensión de la emergencia también busca fortalecer los programas de salud y garantizar la presencia de “familias sanitarias” en la región.

Durante el debate entre los diputados salteños, Gladys Paredes advirtió que los recortes de Nación en programas de alimentación y salud han dejado sin recursos básicos a las comunidades, afectando derechos fundamentales como la alimentación y la atención médica. Según Paredes, la situación exige una respuesta urgente, ya que los pediatras locales han denunciado la falta de insumos y medicamentos.

El proyecto, que ahora será revisado por el Senado provincial, plantea una demanda de mayor responsabilidad y compromiso para atender las necesidades urgentes en el norte de Salta, una región con altos niveles de pobreza y problemas de acceso a servicios básicos.

Fuente: Voces Críticas