Organismos de derechos humanos hicieron una presentación ante el juez federal Gustavo Montoya, que tiene jurisdicción sobre los departamentos en donde el gobierno nacional tiene previsto desplegar tropas: Orán, San Martín y Rivadavia.

El amparo presentado con el patrocinio del abogado Martín Plaza pide que se ordene al gobierno nacional abstenerse de “aplicar las normas y disposiciones que habilitan la detención de civiles por parte de las Fuerzas Armadas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente acción de hábeas corpus».

La acción cuestiona la constitucionalidad de los decretos 1107/24 y 1112/24 y la resolución ministerial 347/35, dictados por el gobierno de Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, para habilitar la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior. El amparo cuestiona que los decretos modifiquen leyes aprobadas por el Congreso, como la Ley de Defensa, «al establecer que la misión principal de las Fuerzas Armadas es intervenir ante ataques o agresiones de origen externo, no importa cuál sea su naturaleza».

En la misma línea llama la atención sobre la posibilidad de que se lleven a cabo detenciones ilegítimas o arbitrarias. «La nueva construcción jurídica para permitir la actuación militar en zonas de fronteras, en espacios inhóspitos, con objetivos civiles, bajo reglas poco claras y competencias difusas, con alcances reservados, sin regulación conocida, ni definición de límites, controles o publicidad, representa un riesgo proporcional a los mega operativos de seguridad dispuestos», afirma.

Otro aspecto sobre el que hace eje es en el carácter de reservado de las Reglas de Empeñamiento, que prevén cómo será esa actuación de las fuerzas armadas, lo que «genera un estado de inquietud ciudadana, zozobra e inseguridad respecto a las alcance de las eventuales acciones que pudieran realizar las fuerzas armadas respecto de los individuos», a la par que la instauración de un estándar de reserva o secreto «como el que rige en relación a conflictos bélicos en materia de seguridad interior y ciudadana, excede absolutamente la tarea preventiva y de cuidado propio del abordaje democrático de las cuestiones de seguridad interior». En ese marco, la acción reclama la «inmediata desclasificación» de estas Reglas de Empeñamiento.

Mediante una conferencia de prensa, referentes de los organismos de DDHH brindaron una conferencia de prensa en la que ratificaron que la Operación Roca representa «un grave retroceso en la política pública de seguridad» y conlleva «a graves problemas entre las Fuerzas de Seguridad y civiles en nuestro país y en particular en la provincia de Salta».

No obstante, conviene recordar que el arribo de tropas militares estaba previsto para el 15 de abril, aunque el ministro Petri dijo el 4 de mayo último que el despliegue en el territorio comenzaría recién en los primeros días de junio.

Fuente: Cuarto