En el marco del juicio al «Kila» Gonza, el actual jefe comunal de San Lorenzo, José Manuel Saravia, detalló un panorama financiero caótico al asumir, con faltante de documentación y uso irregular de fondos durante la gestión anterior.

El intendente de San Lorenzo, José Manuel Saravia, declaró este lunes en el juicio seguido contra el exintendente Ernesto Fernando “Kila” Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás; y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, por delitos vinculados a la corrupción, en perjuicio de la administración pública comunal, y ratificó su denuncia, en la que plantea una situación financiera caótica al asumir en el cargo, con inconsistencias como el faltante de documentación, la existencia de cheques de pago diferido sin procesos de contratación, un sistema de vales para entregar dinero a los funcionarios y una camioneta que no figuraba en el parque automotor, entre otras.

Gonza llegó a este juicio imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real, mientras que el contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real; y el hermano del ex intendente, Aldo Dalmiro Gonza, está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.

Este lunes, el juicio continuó con la etapa de recepción de declaraciones testimoniales, y en ese marco compareció, entre otros, el actual intendente de San Lorenzo, José Manuel Saravia Arias.

Una transición ordenada que nunca se logró

El testigo respondió preguntas referidas a la denuncia que presentó el 9 de junio de 2020 y a la declaración testimonial que brindó días después, en la Fiscalía, y recordó que luego de ganar las elecciones, en noviembre de 2019, fue a ver al entonces intendente Ernesto Gonza para solicitarle una transición ordenada y acceder así a un cabal conocimiento de la situación de la comuna al asumir su gestión. 

Saravia sostuvo que ese traspaso consensuado nunca se concretó y que el 10 de diciembre de 2019, día de su asunción, se constituyó en la Municipalidad acompañado por dos escribanos, con la intención de documentar e inventariar los bienes recibidos.

Durante su declaración, señaló que en esa instancia se labraron las actas correspondientes, no sin atravesar una serie de inconvenientes, como el impedimento para ingresar a ciertas oficinas y la constatación de que se habían eliminado registros de las computadoras.

El testigo indicó que la situación era “tan caótica”, que tuvo que pedir una dispensa al Concejo Deliberante para la presentación de la ejecución presupuestaria del último trimestre de 2019, que le correspondía a su gestión, por haber asumido en diciembre, y frente a este panorama solicitó una auditoría externa que estuvo a cargo de dos contadores, con el conocimiento del Concejo Deliberante.

La auditoría develó numerosas inconsistencias 

El informe final de esa auditoría reveló numerosas inconsistencias, según indicó el jefe comunal, quien detalló que se constató el faltante de documentación y la existencia de cheques de pago diferido sin procesos de contratación, lo que dificultó el pago de sueldos al inicio de su gestión y se vio obligado a solicitar una refinanciación.

Asimismo, contó que salió a la luz un sistema de “vales” mediante los cuales se les entregaba dinero en efectivo a algunos funcionarios, y precisó que después, los responsables, trataban de “emprolijar” las irregularidades consiguiendo facturas.

En tanto, señaló que, a partir de estos vales, se supo de la existencia de una camioneta Chevrolet adquirida para el municipio que no figuraba en el parque automotor cuando asumió su gestión, tras lo que indicó que los vales también se usaban para retirar efectivo que se sorteaba en lotas que organizaba la comuna, durante la campaña electoral.

El testigo también hizo referencia a un intento frustrado del intendente saliente de retirar dinero del banco, el 10 de diciembre de 2019, un día después de haber finalizado su mandato.

Saravia Arias mencionó también que los imputados utilizaban los recursos del Estado como si fueran propios, mencionó como otro hecho irregular la autoconcesión por parte de Gonza de dos parcelas en el cementerio de San Lorenzo, a través de un contrato con vigencia de 99 años, e hizo referencia a inconsistencias detectadas en el registro de pagos por el alquiler de maquinaria pesada sin proceso previo de contratación.

También declaró el expresidente del Concejo Deliberante

Durante la audiencia desarrollada este lunes, también declaró como testigo el expresidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, Juan Pablo Dávalos, que es otro de los denunciantes en la causa, aseguró que durante 2019, el cuerpo deliberativo no recibió fondos del Ejecutivo municipal para afrontar sus gastos de funcionamiento ni para el pago de las dietas de los concejales.

En su testimonio señaló además que, desde el Concejo, se realizaron numerosos pedidos de informes al Ejecutivo, en el marco de las facultades de control que ejerce el órgano legislativo. 

Sin embargo, sostuvo que la mayoría de esos requerimientos no obtuvo respuesta, lo que —según indicó— impidió al Concejo Deliberante cumplir plenamente con su función de contralor sobre la administración municipal.

El juicio, que continúa después de una serie de postergaciones por planteos de la defensa de Gonza, está a cargo del tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez, que lo preside, Paola Marocco y Francisco Mascarello.

Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria, mientras que en la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, que es apoderada de la comuna.

La defensa del acusado Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera y, la de  los hermanos Gonza está en manos de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.

Fuente: Gente de Salta

Foto: Javier Corbalán