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Lejos de Salta

En un allanamiento realizado por Gendarmería Nacional en Quilmes, Buenos Aires, recuperaron 55 caños pertenecientes al Gasoducto del NEA

En las últimas tres semanas la investigación del robo de caños del Gasoducto del NEA ganó impulso bajo la dirección del fiscal coordinador del distrito federal de Salta, Eduardo Villalba. Hasta el momento se secuestraron 600 tubos (equivalentes a cerca de 7 kilómetros de cañería) y la causa se encamina a sumar nuevas imputaciones en pocos días.

El viernes último, en un allanamiento realizado en Quilmes (Buenos Aires), Gendarmería Nacional recuperó 55 caños que, por poco, no terminaron reducidos ilegalmente como comederos de ganado o piezas estructurales para obras de alcantarillado, conductos de agua y otros usos en establecimientos agropecuarios, plantas industriales y proyectos de ingeniería.

La medida, que había sido requerida por Villalba al juez federal de Orán, Gustavo Montoya, se llevó a cabo en predios de la empresa Depofer, luego de que la fuerza federal corroborara con un dron el testimonio ofrecido por un camionero. Según su declaración, esos tubos franquearon los controles camineros con la resolución municipal 1215 de Aguaray, por la que el intendente Jorge Enrique Prado enfrenta un proceso de destitución iniciado por el Concejo de la localidad norteña. El allanamiento del viernes complicó la situación del jefe comunal, que está imputado por fraude a la administración pública nacional y podría enfrentar en los próximos días un pedido de detención.

Más imputaciones

Esta no sería la única novedad, ya que la semana entrante empresarios que adquirieron caños de la paralizada obra del Gasoducto del NEA comenzarían a ser citados a indagatorias. Los principales directivos de Depofer, José Rossi y Alejandro Rigiracciolo, quedaron al borde de una imputación penal. El viernes, los encargados de la empresa que vende estructuras metálicas en la intersección de la autopista Ricardo Balbín y avenida Guido, en el sudeste del Gran Buenos Aires, intentaron por todos los medios evitar que gendarmes atravesaran el portón de la firma.

Ante cuestionamientos formales, el allanamiento se retrasó en espera de que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, respondiera a un exhorto que le dirigió Montoya.

Mientras esto ocurría, el juez federal de Orán dispuso que se acordonara el predio.
En el procedimiento intervinieron funcionarios de Integración Energética Argentina (Ieasa). La sociedad estatal que reemplazó a Enarsa se presentó como querellante en la causa en la que Freddy Céspedes, exsecretario de Hacienda de Aguaray, también enfrenta cargos. Céspedes acompañó a Prado en la firma de la resolución por la que se cedió a una empresa mendocina, OSIP SA, 35 kilómetros de cañerías que le costaron a la Nación cerca de 13,5 millones de dólares (unos $965 millones al cambio oficial de estos días). En la resolución, Prado, que es ingeniero en recursos naturales, le puso a los tubos del dominio público nacional el rótulo de pasivo ambiental contaminante y autorizó al mendocino Diego Alos, titular de OSIP SA, a extraerlos de la jurisdicción de Aguaray y sacarlos de la provincia como supuesto material de rezago para una disposición final adecuada.
El pasado 19 de mayo, cuando formalizó los cargos contra Prado, Céspedes y Alos, el fiscal general del distrito Salta remarcó que el hecho de ceder bienes que son del dominio público nacional e intransferibles convierte a la resolución 1215 en una suerte de confesión. Y ahora, que se constató judicialmente el destino final de parte de los tubos saqueados, el trasfondo comercial de la maniobra ilícita quedó aún más evidenciado.

Comederos para vacas

El pasado 10 de mayo, El Tribuno había anticipado que caños del Gasoducto del NEA se venden en el mercado negro como comederos y para otros usos clandestinos. De hecho, muy cerca del predio donde se realizó el allanamiento el viernes, otra firma de Quilmes ofreció 30 caños acerados de 24 pulgadas “en buen estado”, como alternativa “ideal para comedero animal”, a $12.700 el metro lineal. Llamativamente, tras la publicación del informe de este diario, el aviso se levantó de Mercado Libre. Por aquellos días, un camionero aportó a comerciantes estafados por Vera la ubicación de una firma de La Plata a la que dijo haber llevado caños desde Mosconi. 

Fuente: El Tribuno

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