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Una más

Otra denuncia por incumplimiento de deberes contra la intendente de Cerrillos

La jefa comunal habría prometido arreglar el acceso a un barrio, pero nunca lo hizo. En marzo del año 2016, un concejal la había denunciado por la no recolección de residuos. También se la acusó de la compra irregular de un camión recolector.

En tres años al frente de la intendencia de la localidad de Cerrillos, tras ganar las elecciones del año 2015, Yolanda Vega que, recientemente anunció que irá por la reelección, ya acumula varias acusaciones por supuestos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre otros.

La última denuncia, según lo que pudo conocer este semanario, fue radicada el 2 de junio pasado por una docente de esa localidad, quien acusó a la intendente del delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, un cargo que ya le fue adjudicado el 23 de marzo del año 2016 por el concejal Ariel Berruezo.

En esta ocasión, la acusación fue formalizada por la profesora, Gladys Delia Gómez, una vecina del barrio El Remanso, quien en su denuncia sostuvo que actúa en representación de 18 familias que residen en ese grupo habitacional.

La docente, de 54 años, reveló que la decisión de acudir a la dependencia policial de esa ciudad surge debido a que la intendente, como así tampoco ninguno de sus funcionarios, respondieron a sus planteos y su inacción comprometió seriamente el normal desarrollo del barrio.

“Este recurso es el último paso que damos debido a que se hicieron todos los trámites correspondientes ante la Municipalidad,  llegando incluso a reunirnos con la Sra. Intendente, quien en una oportunidad se constituyo en el barrio personalmente”, explicó la profesora.

En esa visita, Vega, según lo denunciado, prometió “cosas que nunca se cumplieron hasta el día de la fecha”. Agregó que en una reunión en la que estuvieron presentes todos los vecinos vinculados a las problemáticas que se reclaman, la intendente escuchó todos los pedidos y se comprometió a darles respuestas, pero eso nunca sucedió.

Acceso al barrio

Las quejas de los vecinos giran en torno al acceso a esa barriada, obra que Vega se habría comprometido a llevar adelante, y que consistía en la realización de tareas de apertura de servidumbre y todo lo atinente para que los vehículos puedan ingresar sin inconvenientes al barrio.

Para ello, los vecinos esperaban que el municipio desarrolle la obra en un terreno extenso, el que también estaba destinado a ser refaccionado como un parque, sin embargo, todo estos proyectos se vieron echados por tierras a partir de la aparición de un supuesto dueño de dicha parcela.

El terreno se encuentra ubicado al fondo del pasaje Abel Ruiz. Allí, aseguró la docente ya “estaban trazada las calle de ingreso hacia el barrio y estaban hechos los cordones cunetas de ambos lados, realizados por la gestión anterior de parte de la municipalidad”.

Tras la aparición de un propietario de dicho terreno, la obra quedó truncada para los vecinos, pues el nuevo dueño cercó la propiedad y recibió de la municipalidad la autorización para edificar, con lo cual el ancho de la calzada de acceso al barrio quedó reducido a tres metros.

Grave irregularidad

En vista de ello, Gómez sostuvo que esto compromete seriamente no sólo el libre acceso de vehículos de distintos portes al barrio, sino el de carros de bomberos, pues el ancho de la calzada lo impiden, siendo ello una grave irregularidad.

“Luego de varias reuniones, inclusive en la municipalidad en presencia de la Sra. intendenta se concluyo y prometió que se iban a hacer las cosas como correspondían al abrir la servidumbre de espacio, tal y como consta en los planos de inmuebles, pero nada de eso se hizo ni hay miras de hacerlo”, denunció la profesora.

En la denuncia, Gómez sostuvo que esta situación se debió a “la inacción de la municipalidad y al evidente incumplimiento de los deberes de funcionario público de la intendente”.  “La municipalidad debe velar no solo por una persona sino por muchas familias, las que nos encontramos en estado de indefensión y de pérdida de derechos como ciudadanos, contribuyentes que pagamos nuestros impuestos y solo pedimos que la municipalidad cumpla con sus obligaciones y resguarde el bienestar de la familia habitantes de El Remanso”.

Asimismo, la docente dejó constancia de contar con “todos los elementos probatorios que corroboran lo que aquí denunciamos. Y hacemos responsable directo de cualquier eventualidad que pudiera ocurrir a la municipalidad y a quien preside la comuna en la persona de la Intendenta.”.

Gómez también detalló una serie de notas que fueron presentadas, tanto en las oficinas de la Municipalidad como ante el Concejo Deliberante, las que datan desde los años 2013, 2016 y 2018.

Otras denuncias

La acusación radicada por la docente, en tanto, no es la primera ni la única, pues Vega ya acumula, al menos, tres denuncias. El 23 de marzo de 2016, el concejal Ariel Berruezo, acusó a la intendente de no cumplir con la recolección de residuos domiciliarios, podas y pastos en distintos puntos del municipio.

Esta denuncia fue girada la Fiscalía Penal de Cerrillos, sin que se conozcan detalles de las diligencias que se ordenaron al respecto. Berruezo, en su denuncia, sostuvo que la jefa comunal incumplió ordenanzas municipales vinculadas a la emergencia sanitaria de salubridad  e higiene.

El 8 de septiembre, en tanto, el concejal Marcelo Villegas, presentó una ampliación de esta denuncia por la presunta adulteración de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

El edil acusó a Vega de haber comprado un camión recolector compactador mediante contratación directa, operación que debió hacerse por licitación pública. Además, den unció que puso de garantía la coparticipación que recibe el municipio sin la autorización del Concejo Deliberante.

El costo del camión establecido por dicha resolución era de $1.698.160, pero al momento de rendirlos, ya que era dinero proveniente del Fondo de la Soja, el monto presentado fue de $1.810.760. Es decir que entre la resolución y lo rendido ante el Fondo de la Soja hay una diferencia de $ 112.600.

“No tan solo no se respetó la Ley de Contrataciones de la Provincia al hacer una compra de esta magnitud por la modalidad de contratación directa y se comprometió la coparticipación municipal, sino que por Resolución Municipal figura un monto y en la rendición al Fondo de la Soja figura otro mayor, todo por la misma operación.  Solamente le pedimos a la justicia que aclare esta situación ya que a nosotros la Intendente Vega no nos contesta los pedidos de informe” sostuvo el concejal Villegas al momento de radicar la acusación.

Fuente: El Intra

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